A- de 2024

Conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado 3 Administrativo del Circuito de Pereira y el Juzgado 1 Civil Municipal de Santa Rosa de Cabal, por causa de una demanda ejecutiva singular de mínima cuantía por obligación de hacer instaurada por un ciudadano, en contra de la Subsecretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Alcaldía de Santa Rosa de Cabal, con la que pretende que se ordene a la demandada a cumplir, en el menor tiempo posible, llevar a cabo una diligencia de lanzamiento por ocupación, como está establecido en una resolución.

Verificado el cumplimiento de los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo para la configuración de un verdadero conflicto entre jurisdicciones, la Sala Plena resalta que la decisión proferida por la Inspección de Policía Rural de Santa Rosa de Cabal dentro del proceso policivo de posesión debe ser tratada con el mismo nivel de relevancia y efectos jurídicos que una providencia judicial, y no puede considerarse como un acto administrativo, tal como fue referido en Auto 2334 de 2023 en caso similar.

Esto se debe a que en el proceso policivo se ejercieron funciones jurisdiccionales, ya que, en este se busca el amparo de la posesión de un bien inmueble y el conocimiento de la misma no puede ser atribuida a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, pues a la luz de lo establecido en el artículo 104 del CPACA, dicha jurisdicción tiene competencia exclusiva para conocer y ejecutar únicamente aquellas providencias que han sido dictadas por sus propios órganos.

La Corte resuelve el conflicto con la regla de decisión según la cual, la competencia para conocer de la ejecución de providencias adoptadas por las Inspecciones de Policía en ejercicio de funciones jurisdiccionales que impongan obligaciones a autoridades públicas en procesos policivos destinados a proteger la posesión, tenencia de bienes o el reconocimiento de servidumbres, recae en la Jurisdicción Ordinaria Civil, conforme a la cláusula residual de competencia establecida en el artículo 15 del Código General del Proceso.

En consecuencia, la Corte dispone el envío del expediente a la Inspección Central de Policía de Santiago de Tolú, Sucre, para lo de su competencia.